Tras la reunión del Presidente Alan García con el actual Papa Benedicto XVI los rumores de la continuación del nexo entre la Iglesia Católica más conservadora y el Estado, parece hacerse realidad. El Perú mantiene, desde hace muchos años un vínculo muy fuerte con la Iglesia y esto genera que en muchos casos las decisiones que se tomen no tengan como objetivo el bien común, sino satisfacer las demandas y preferencias desde los dogmas del catolicismo. A su vez, es fácil indicar que no se trata en nuestro país de las alas más progresistas de la Iglesia las que tiene el control de su burocracia, sino más bien los grupos más radicales (el Opus Dei a la cabeza).Como se indicó en el diario Perú 21 “la Iglesia Católica goza de una serie de beneficios y exoneraciones tributarias, que se sustentan en el acuerdo suscrito con el Estado en julio de 1980. Una muestra de eso es la asignación anual prevista en el presupuesto general. Este monto se destina al pago de la jerarquía eclesiástica, incluyendo a los obispos castrenses. Por ejemplo, el cardenal recibe un poco más de S/.1300 mensuales y un obispo unos S/.690”. ¿Es justo que el Estado financie los salarios de la Iglesia y que mantenga vínculos tan cercanos, impidiendo que las políticas públicas sean eficientes y generales? ¿Es justo que la Iglesia Católica no pague IGV?
Finalmente, ¿es justo que la jerarquía de una Iglesia dominada por el Opus Dei tenga el control sobre el cuerpo de las personas y que sean ellos los que tomen las decisiones por las mujeres? Recordemos que es en gran medida la influencia de la Iglesia Católica la que permitió que se prohibiera la distribución gratuita del AOE. Por estas razones vale la pena preguntarse ¿qué es lo que está detrás de la reunión entre el Presidente y el Papa?
