Ante los cuestionamientos que algunos sectores del gobierno vienen formulando sobre las competencias de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Movimiento Manuela Ramos señala que las instancias supranacionales han significado, para la realización de los derechos humanos de las mujeres y otros grupos subordinados y postergados en la sociedad, la posibilidad de encontrar la justicia, negada por el propio Estado.
Fue en el caso de una mujer peruana cuando se reconoció por primera vez que la violación sexual contra las mujeres en contextos de conflicto armado es una forma de tortura[1]. Fue también en un caso contra el Estado peruano en el que la Corte estableció que, aun cuando una forma de tortura no sea específica para la mujer, sus efectos sí tendrán especificidades propias en ella, el tipo de insultos utilizados, la manera como eran golpeadas y el régimen de prisión que les negó acceso a artefactos propios del cuidado femenino, atención ginecológica y derechos de maternidad.[2]
La situación en la que se encuentran las mujeres de nuestro país ha mejorado; de la absoluta invisibilidad, hemos llegado a ser vistas y escuchadas, y algunas veces reparadas por los agravios cometidos. No obstante, reconocemos que la competencia subsidiaria de la CIDH es para nosotras una garantía y aunque quisiéramos no tener que acudir a esta instancia supranacional, mientras la administración de justicia nacional siga siendo ciega en términos de igualdad de género, constituye una última posibilidad de justicia individual y la posibilidad para lograr cambios en la legislación y las políticas públicas que eviten que los derechos de las mujeres sigan siendo vulnerados.
Por ello, rechazamos el retiro parcial de la CIDH, el que resultaría antidemocrático y contrario a los derechos humanos de mujeres y hombres.
Lima, 21 de julio 2010
