Informe. La Apdhb señala las instituciones estatales que atropellan los derechos ciudadanos
A pesar de los avances en materia de derechos humanos (DDHH), el Estado continúa siendo el principal transgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos, señala un informe de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), al citar a la Policía, al Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y al sistema público de salud, entre las instituciones nacionales que más violan los derechos universales e igualitarios de las personas.
Sólo en Santa Cruz, la Apdhb recibe entre tres y cuatro denuncias al día por este tipo de casos. Hay sectores que son más vulnerables a la violación de sus derechos: jóvenes, mujeres, adultos mayores, niños, indígenas, homosexuales y personas con VIH-sida.
La Apdhb sacó el tema a relucir cuando denunció públicamente que la Policía, la institución encargada de la seguridad de las personas y de velar por el orden público y el cumplimiento de las leyes bolivianas, es la que más vulnera los derechos humanos en el país. La prueba irrefutable de lo afirmado estaba en las marcas de la tortura sufrida por David Olorio Apaza, fallecido en celdas policiales, el 7 de julio, luego de ser acusado de estar implicado en un atraco con muerte en un retén de peaje.
Tras la acusación, el propio comandante general de la Policía, Óscar Nina, admitió que en la institución verde olivo hay problemas que deben ser superados y prometió que no se encubrirá a los acusados de torturar a Olorio. “A pesar de que contamos con un escenario muy favorable con la Constitución para la acción por los DDHH, lo cierto es que estos mecanismos todavía se mueven en un marco teórico. Así, mientras se avanza un 1%, hay un 99% que sigue sufriendo por la vulneración de sus derechos”, afirma Yolanda Herrera, presidenta nacional de la Apdhb.
La activista señala que, además de la Policía, hay otros grandes violadores de los DDHH en el país desde el ámbito estatal. “Otra de las instituciones que vulnera los derechos de las personas es el Poder Judicial. La muestra es la retardación, los fallos injustos”, explica Herrera. También se ha identificado a las Fuerzas Armadas y al sistema de salud como otros transgresores.
La presidenta de la Apdhb en Santa Cruz, María Inés Gálviz, confirma que la mayor parte de las denuncias están referidas a vulneraciones efectuadas por uniformados (de la Policía y el Ejército), seguidas por otras de tinte discriminador. “Hay vulneración de los DDHH cuando se discrimina a las mujeres en los puestos de trabajo, cuando éstas están embarazadas. También hay discriminació
Patricia Brañez, coordinadora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) de La Paz, acota que la administració
Por parte del sistema de salud, un estudio sobre la calidad de atención en este sector, realizado por la especialista Susana Ramírez H. para la Organización Mundial de la Salud, desvela que en los centros sanitarios bolivianos hay atención deficiente e incluso ‘violencia institucionalizada, en términos físicos y psicológicos’ contra los usuarios. En su informe, Ramírez recoge reveladores testimonios de personas que denuncian maltrato en hospitales y centros de salud.
La presidenta nacional de la Apdhb, Yolanda Herrera, enfatiza en la indefensión de los jóvenes y los niños. “La juventud está desprotegida. No tiene acceso a educación ni salud; no cuenta con fuentes de trabajo, es explotada laboral y sexualmente; se enfrenta a problemas como la drogadicción y la delincuencia”, dice.
En el caso de la mujer, el Cidem observa con preocupación un incremento inusitado de feminicidios en el país, entendiendo este término como la muerte violenta de mujeres, niñas y adolescentes, motivada por el desprecio, la discriminació
Lo que dicen los informes
Amnistía Internacional
AI
- Justicia. Siguió suscitando preocupación la independencia del Poder Judicial. Preocupaba la posibilidad de que la persistente inestabilidad y politización del sistema de justicia menoscabara la aplicación de las normas internacionales sobre juicios justos.
- Gobierno. Disminuyó la violencia política, pero la polarización política siguió afectando a la vida pública. Una unidad de élite de la Policía mató a tres hombres presuntamente implicados en la organización de una trama golpista. Posteriormente suscitó preocupación el modo en que se estaba llevando a cabo la investigación del incidente.
- Indígenas. Se critica los intereses de prefecturas y comités cívicos de tierras bajas que permiten los abusos contra los indígenas.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
- Justicia. El sistema judicial continúa experimentando una profunda crisis institucional en medio de la división política entre el Gobierno y la oposición, lo que impactó en el desarrollo de los procedimientos y puso en cuestión la independencia e imparcialidad de ciertos funcionarios judiciales. Continúa paralizado el Tribunal Constitucional.
- Derechos Humanos. Todavía es necesario mayor progreso en el otorgamiento de una efectiva reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
- Prensa. Hubo algunos incidentes entre el Gobierno y periodistas de medios privados. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre se registraron 64 casos de agresiones verbales y físicas contra periodistas y medios de comunicación.
Departamento de Estado de EEUU
- Gobierno. El informe subraya la existencia de ejecuciones ilegales, torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos amparados en la ‘justicia comunitaria’ y amenazas a la libertad de prensa. También se denuncia el ataque a la esposa del general César López luego de que su marido inculpara al ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana en el caso de contrabando de los 33 camiones. Se registran las agresiones sufridas en Yungas por la disidente del MAS Marlene Paredes, el ataque a familiares del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la toma violenta de su casa, así como el flagelamiento sufrido por el dirigente indígena Marcial Fabricano. El Gobierno mantiene una relación de enfrentamiento con los medios de comunicación y hubo 112 ataques a periodistas.
Educación, más control... y castigos
¿Cómo hacer para que se respeten los DDHH en Bolivia? Según la Apdhb, la educación es un componente fundamental para cambiar conductas erradas, pero también se hace más necesario reforzar el control social. “La corrupción y el prebendalismo socavan las instituciones. Necesitamos políticas públicas para profundizar el control social y que éste contribuya a acciones concretas contra la vulneración de los derechos de las personas”, expresa Yolanda Herrera.
Patricia Brañez, del Cidem, cree que es necesaria una modificación de la legislación boliviana para tipificar el feminicidio como delito penal con 30 años de cárcel, además de endurecer los castigos en caso de violencia y acoso.
El Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) diseñó un proyecto de ley contra la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, que prevé el resarcimiento y condenas de 12 a 20 años para los empleados públicos -entre ellos policías y militares- que realicen estas prácticas. Desde la Cámara Baja se está impulsando una ley contra la discriminació
Situaciones
- Asesinato de mujeres. Según el Cidem, en los primeros cuatro meses de 2010 se reportaron 50 asesinatos de mujeres, en comparación con los 98 casos registrados en todo 2009. Sólo el 11% de los casos de violencia contra las mujeres es tratado en los juzgados de familia.
- Adultos mayores. Un estudio de la oficina del Defensor del Pueblo señala que más de 33.400 ancianos bolivianos son maltratados y abandonados y que el 63% vive en la pobreza.
- Por mano propia. Al menos 71 casos de linchamiento o tentativa de linchamiento fueron reportados en el país en 2009, con 15 muertes registradas.
- Personas con VIH-sida. Según el Observatorio Ciudadano y la Defensoría del Pueblo, más del 40% de la población de homosexuales, trabajadoras sexuales y personas con VIH-sida no acceden a programas de salud por elementos discriminadores.
