La igualdad ante la ley tiene su reconocimiento y consagración al más alto nivel jurídico en el inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución Política, que consagra: “Toda persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.”
Cualquier persona afectada por la vulneración de este derecho constitucional puede hacer valer su derecho de manera efectiva acudiendo a los jueces y tribunales de la República, mediante el proceso de amparo.
Esta facultad está regulada en el inciso 1 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley N° 28237: “El amparo procede en defensa de los derechos: 1. De igualdad y no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o de cualquier otra índole.
También está consagrado este derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita y proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución N° 217.
Dice la Resolución Legislativa N° 13282 del 15 de diciembre de 1959, en el inciso 1 del artículo 1: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Todos coincidimos en repudiar de manera tajante las diferentes prácticas discriminadoras que subsisten lamentablemente en nuestro país y en muchas partes del mundo, contra las cuales se debe luchar sin pausa para erradicarlas de manera definitiva.
Resulta inconcebible, contradictorio y hasta irónico que pese al incesante y sofisticado avance tecnológico en el mundo, en pleno siglo XXI, aún se realicen este tipo de prácticas retrógradas.
La discriminación por credo religioso, en estos tiempos, también es una práctica perniciosa, donde el fanatismo y la intolerancia arrecian contra millones de seres humanos.
Así vemos los casos terribles de los árabes fundamentalistas guiados por el terrorista islámico y hasta ahora inubicable Osama bin Laden.
En la actualidad, gracias a la intervención de los organismos internacionales, los atentados perpetrados por fanáticos religiosos se han reducido, y cada día gana más terreno la libertad de cultos.
La intolerancia religiosa debe desparecer de toda sociedad humana porque viola un derecho fundamental de la persona y quebranta la convivencia que debe regir en una nación civilizada.
