La Comisión de Salud aprobó por mayoría un dictamen favorable al proyecto de ley que establece cómo deben tratar los médicos y hospitales los casos de abortos no penados por el Código Penal y evitar su judicialización. El PRO se opuso.
Por Mariana Carbajal
El proyecto de reglamentación de la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos porteños obtuvo ayer dictamen de mayoría en la Comisión de Salud de la Legislatura, con firmas de diputadas y diputados de la oposición. El macrismo, como ya había anunciado, votó por archivarlo. También lo rechazó una legisladora del espacio que responde a Francisco de Narváez. La iniciativa, que deberá discutirse en las comisiones de Mujer y de Justicia, es similar a la ley sancionada a fines de junio en la provincia de Chubut y está en línea con los reclamos que hicieron al país este año distintos comités de derechos humanos de la ONU para que se garantice el acceso a los abortos previstos en el artículo 86 del Código Penal y se impidan las interpretaciones restrictivas de los permisos vigentes.
El dictamen se firmó en una reunión conjunta de las comisiones de Salud y Mujer, que contó con una presencia de lujo: la del médico chileno Aníbal Faúndes, uno de los máximos referentes en la temática en la región, que fue invitado a exponer sobre la atención de los abortos no punibles en Brasil –donde vive hace muchos años–. Allí están permitidos en caso de peligro para la vida de la mujer y si proviene el embarazo de una violación. Faúndes explicó que hay una normativa del Ministerio de Salud y que en los casos de violación, igual que el proyecto porteño, se exige una declaración de la mujer y no la denuncia policial. “El fenómeno temido de que mujeres van a simular una violación para acceder a un aborto no se da”, señaló. También respondió a quienes interpretan restrictivamente el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal argentino y sostienen que alcanzaría a aquellas mujeres que sufren un abuso sexual siempre que sean discapacitadas mentales. De todas formas, dijo, “en el caso de una mujer violada, no es raro que haya suicidios. Es un embarazo que pone en peligro su salud”, afirmó. Faúndes es coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) y encabeza el grupo de Trabajo Para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
El proyecto fue presentado por Diana Maffía, de la Coalición Cívica, y Gabriela Alegre y Juan Cabandié, de Encuentro Popular para la Victoria. Ingresó en marzo con la firma de 23 diputadas y diputados de todo el arco opositor. Un texto similar había perdido estado parlamentario en 2009 por decisión del PRO, que eligió cajonearlo.
El dictamen de mayoría fue firmado ayer por el presidente de la Comisión de Salud, Jorge Selser (Proyecto Sur), y por Mateo Romeo (PJ), Fernando Sánchez (CC), Alegre y Maffía. No estuvo presente por problemas de salud, el radical Rubén Campos, pero había anunciado que lo acompañaría. En ese sentido, la Convención Metropolitana de la UCR, el máximo órgano del radicalismo en la Capital, aprobó el lunes a la noche por unanimidad una resolución por la que instó a los legisladores porteños de su partido a apoyar la reglamentación de los abortos no punibles en la ciudad.
Alegre recordó que el proyecto en debate es similar a la ley que acaba de aprobar la Legislatura de Chubut. Entre otros puntos, la iniciativa aclara que el aborto es legal, de acuerdo con el Código Penal, si corre peligro la vida o la salud de la mujer; si la gestación fue producto de una violación; o de un abuso sexual a una mujer con discapacidad mental. Dispone que la interrupción legal del embarazo debe hacerse en un plazo no mayor a diez días corridos desde la solicitud. Prohíbe que se exijan autorizaciones judiciales u otras imposiciones no previstas en el Código Penal. Actualmente está vigente en el ámbito porteño la Resolución 1174/07 del Ministerio de Salud de la ciudad, que fija un procedimiento para la atención de los abortos no punibles, pero a partir de una interpretación restrictiva de los permisos: sólo contempla los casos de violación si se trata de una mujer “idiota o demente”.
Las cuatro diputadas macristas que integran la Comisión de Salud firmaron un dictamen de minoría que pide archivar. Ellas son Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios, Raquel Herrero y Lidia Saya. La misma posición adoptó Mónica Lubertino, de Unión Federal, pero prefirió firmar un dictamen aparte.
En la reunión de ayer participaron también integrantes de la Comisión de Mujer, donde ahora se deberá discutir el proyecto. Luego tiene que pasar por la de Justicia. En ambas comisiones, el macrismo tiene mayoría.
Durante la reunión, hubo voces del público a favor y en contra del proyecto. Y se leyó un pronunciamiento de la Asociación de Médicos Municipales –con la firma de su presidente, Jorge Gilardi–, contrario a la propuesta legislativa. La entidad gremial consideró que la normativa no les garantizará seguridad jurídica debido a que hay diversas interpretaciones sobre los alcances de los permisos para abortar, particularmente después de “la errática actuación sobre el particular verificada en el ámbito nacional hace pocos días”, en referencia a la marcha atrás del Ministerio de Salud, que decidió no elevar al rango de resolución la Guía Técnica para la atención de esos casos que acaba de actualizar.
